Atendiendo una solicitud de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales Agremiados de Bolivia (Fabol), el diputado masista Rolando Cuéllar (en la foto, el de la izquierda), vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, presentó una petición de informe a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sobre supuestos actos de corrupción en la administración de recursos.
La respuesta fue inmediata: la FBF es una entidad privada y el diputado no tiene ninguna atribución para inmiscuirse en temas del fútbol boliviano.
La carta de petición da un plazo de 48 horas para entregar informes sobre: pignoración de 700.000 dólares en favor del club San José, fotocopias de contratos de la adquisición del terreno para la construcción de la Casa de la Verde en La Paz, informe con fotocopias de cheques girados en favor de los miembros del Comité Ejecutivo de la FBF y una persona ajena a la FBF.
Esas denuncias fueron hechas en su momento por Fabol, seis clubes de la División Profesional que son de oposición a la actual gestión y un bloque de clubes de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).
En la conferencia de prensa que brindó este martes en Santa Cruz, Cuéllar solicitó también al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie respecto a la resolución de Amparo Constitucional que en agosto de 2020 salió a favor de Robert Blanco, suspendido por la FBF por haber acudido a la justicia ordinaria, y lo reconoce como titular de la FBF.
Marcos Rodríguez, vicepresidente de la FBF, dijo que el legislador no tiene atribución para hacer esa solicitud.
“El Diputado debería preocuparse por los malos manejos que se hicieron en el tema de la salud, del avance de la pandemia en Santa Cruz.
En cambio, el informe económico y estado de cuentas fueron aprobados por un congreso de la FBF. Pienso que es una persona más que se presta a una manipulación y hace cuestionamientos sin conocimiento”, respondió Rodríguez.
