La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha ratificado la fecha del 14 de noviembre para la realización del Congreso Ordinario que elegirá al nuevo presidente de la entidad.
“Se mantiene la fecha de Congreso como está establecido, se tiene que llevar adelante porque fue convocado mediante las facultades del Comité Ejecutivo y puesto a consideración en un Congreso que aprobó el mismo; entonces, no hay motivo para suspenderlo”, dijo Rolando Aramayo, miembro del directorio de la FBF.
Los seis clubes que forman el bloque de oposición a la actual gestión han ido hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés) para presentar una declaración de apelación a las resoluciones de la FBF referidas a la convocatoria de ese Congreso, porque consideran que la convocatoria es ilegal.
La declaración de la apelación fue admitida y derivada a la División de Apelaciones del TAS, instancia que ha requerido pruebas debidamente fundamentadas y nombres de los testigos que pretende incluir en el proceso.
Los clubes solicitaron una postergación hasta que la FBF, denominada en el caso como apelada, presente el acta oficial del Congreso Extraordinario realizado por videoconferencia el 16 de septiembre.
El TAS le comunicó a la FBF que tiene plazo para enviar ese documento hasta este viernes 16 de octubre.
Le comunica también que una vez que reciba la memoria de apelación por parte de los demandantes, el TAS se tomará un plazo de 20 días para remitirle una copia de ese documento.
Bolívar, Oriente, Blooming, Royal Parí, Guabirá y Wilstermann también apoyan las acciones presentadas ante la justicia ordinaria por Robert Blanco, quien reclama para sí la presidencia de la entidad favorecido por un amparo constitucional.
Por supuesto incumplimiento de esa resolución, la Fiscalía de Santa Cruz ha emitido un mandamiento de aprehensión en contra de Marcos Rodríguez, presidente en ejercicio de la FBF, y además le ha rechazado la anulación del mismo.
El martes, la Fiscalía precintó las oficinas de la FBF en La Paz y Santa Cruz y allanó las de Cochabamba, capturando documentación con fines de investigación.
