Los 16 clubes de la División Profesional emitieron este lunes un comunicado advirtiendo con suspender el campeonato nacional en caso de que la justicia boliviana no les favorezca en una controversia con la empresa que hasta la temporada 2024 fue dueña de los derechos de televisación.
“Advertimos con absoluta firmeza que, si la justicia boliviana llegara a favorecer a Telecel S.A. – Tigo, desconociendo el daño ocasionado y legitimando un acto ilícito, los 16 clubes de la División Profesional nos veremos obligados a paralizar de inmediato toda actividad futbolística en el país. Esto incluye la suspensión total del campeonato profesional y de cualquier competencia oficial, hasta que se restablezca el respeto a la legalidad y a los derechos del fútbol boliviano”, reza el documento.
Acusa a Telecel Tigo S.A. de realizar “desesperadas y descaradas maniobras de manipulación de la justicia” y denuncia “un atentado contra la legalidad, la transparencia y la dignidad del deporte nacional”.
El fondo del problema
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) planteó una demanda en contra de Telecel S.A. por considerar que, entre enero y marzo de 2025, Tigo retransmitió de manera “ilegal” partidos de Primera División correspondientes al año anterior.
Esa empresa considera que, al haber sido propietaria de los derechos televisivos hasta 2024 y una vez cumplido plenamente con el pago acordado por el material, estaba en su derecho de reprisar los partidos en cualquier momento.
A pedido de la FBF, que planteó un amparo constitucional, la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz ordenó el congelamiento de cuentas, fondos y activos de Tigo por un monto que asciende a 17,8 millones de dólares, afectando a 10 cuentas bancarias de esa empresa.
Para Telecel S.A., esa determinación en su contra es una “aberración”, ya que la decisión y el monto fueron determinados de forma unilateral por la FBF, sin valoración de un árbitro o un juez competente. Además, en el contrato existente entre ambas partes, cualquier controversia debía resolverse mediante un arbitraje, sin embargo, la Federación Boliviana de Fútbol acudió a un amparo.
Las reacciones a favor de Tigo
La Cámara Nacional de Comercio reaccionó ante la situación y emitió un comunicado “en representación del empresariado formal de los sectores de comercio, servicios y turismo en Bolivia”, y expresó su “profunda preocupación por las medidas cautelares que han derivado en el congelamiento total de las cuentas bancarias de la empresa Tigo Bolivia”.
“Esta decisión no solo afecta a la empresa, sino que compromete la continuidad de la prestación de servicios de telecomunicaciones. La interrupción o debilitamiento de estos servicios tiene un efecto multiplicador que impacta directamente en la población, en las actividades económicas y en la confianza en el sistema institucional”.
“Advertimos que la aplicación de medidas desproporcionadas genera consecuencias que trascienden lo estrictamente empresarial y comprometen la prestación de servicios básicos y la confianza en el entorno económico” y que “afectan la seguridad jurídica, desalientan las inversiones y la confianza en las instituciones”.
Para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Sala Constitucional de Santa Cruz tomó una decisión “de manera irregular” al inmovilizar las cuentas bancarias de Telecel SA.
“Esta insólita determinación judicial arriesga el acceso de miles de ciudadanos a servicios públicos de telefonía, internet y conectividad, considerados derechos fundamentales y protegidos por el artículo 20.11 de la Constitución Política del Estado”, indica.
Asimismo “antepone los interese de la parte demandante sobre los derechos de cientos de miles de personas y familias en todo el país (…) Adicionalmente, vulnera el principio del debido proceso y menosprecia el uso del arbitraje como mecanismo legal y pactado para la resolución de disputas”.
Considera un “nefasto antecedente jurisprudencial que pone en cuestión una vez más la seguridad jurídica y coloca en indefensión a las empresas frente a las decisiones arbitrarias de operadores del sistema de justicia”.
Por ello pide a las autoridades competentes que, en cumplimiento de la Ley, “se restablezcan las condiciones necesarias para que Tigo Bolivia pueda continuar prestando sus servicios de manera normal y no se perjudique a los usuarios”.
La FBF y la División Profesional
La Federación Boliviana de Fútbol respondió que “si bien la CEPB tiene el deber de velar por los intereses del empresariado nacional, también debe hacerlo con plena responsabilidad, transparencia y respeto a la legalidad. Emitir una posición en un proceso judicial sin considerar el daño ocasionado a la FBF, a la División Profesional del Fútbol Boliviano y a los clubes afiliados, constituye un acto de imprudencia e irresponsabilidad”.
La FBF insiste en la “ilegal retransmisión de partidos realizada entre los meses de enero y marzo sin contrato vigente ni autorización correspondiente, lo que “configuró un acto ilícito claramente sancionado por el ordenamiento jurídico boliviano”.
“Este hecho no se enmarca en una controversia contractual ni en materia arbitral: se trata de una violación a los derechos de transmisión, que son la principal fuente de recursos económicos para el sostenimiento del fútbol profesional en Bolivia”.
Este lunes, los 16 clubes reiteraron esa línea y agregaron que la División Profesional “sostiene escuelas de fútbol, genera empleos y recursos para el desarrollo económico y representa una parte fundamental de la vida cultural y social del país”.
“No permitiremos que la justicia sea utilizada como instrumento de intereses privados que han dañado gravemente al deporte nacional”, indica el comunicado.
